Milei. ¿Una revolución constitucional?


 Hay quienes alegan que es injusto gobernar vía decreto. Digamos, que no se ajusta a la práctica democrática, pues sería evadir el modo ordinaria de formación de leyes con su respectiva discusión política entre diversos actores-intereses. Y que además, no se estaría cumpliendo un aspecto fundamental de la democracia liberal, que sería la limitación al ejercicio del poder. 

Otro sector, alega que Milei hace lo justo y que está legitimado a cumplir lo que se comprometió en campaña, o sea, lo que le mandató la mayoría del pueblo argentino. Pero además, aducen que los decretos profundizan la libertad negativa. Es decir, habría menos intervención política para el desarrollo de los individuos, lo que se traduce en más libertad agregada a la sociedad. 

La ética es un conjunto de prácticas fundadas en la costumbre social y sus creencias. Algunas, con pretención de objetividad e incondicionalidad, es decir, que irían más allá de lo que la intersubjetividad practique. Estas creencias y prácticas son fuentes consuetudinarias del derecho público, que finalmente se plasman en la constitución de cada país. 

Parece que en el caso argentino, hay un conflicto entre lo que la constitución pretende resguardar, digamos, entre lo que se cree justo (legal) constitucionalmente, y por otro lado la DNU, que se ha usado por los diferentes presidentes desde el año 1994 como herramienta para gobernar, pues incluso en el año 2006, se aprueba que se necesitaría el rechazo de ambas cámaras del Congreso para que deje de tener vigencia, exigiendo así, más requisitos para la abrogación de un decreto de emergencia. 

Esto ha obedecido a prácticas ideológicas que han desfigurar el ethos constitucional. Que por demás, el poder judicial también ha ayudado, vía jurisprudencia, a propiciar. Es decir, Milei usa con fuerza una práctica que va contra el espíritu constitucional, amparado en dos aspectos: su recurrente uso y la legitimidad que le otorga su triunfo.  

Pero detrás de esa forma de entender las DNU, detrás del poder que se cierne en el ejecutivo, hay interpretaciones importantes. Una, es entender la democracia, no como un conjunto de principios sino como un mero mecanismo de sustitución de poder, teniendo como métrica el mayoritarismo. Es decir, soy mayoría, ya funcionó la democracia porque se produjo la alternancia, ahora, a imponer mi voluntad e ideología. Cuestión, que se viera totalmente matizada si se entiende la democracia en clave asociativa, es decir, soy gobierno de una comunidad entera que está unida por diversos intereses. 

Entender la democracia como un mecanismo que resuelve quién se impone a cuál, es la base de cualquier dictadura de la mayoría; por muy ilustrada que sea. Y es acá donde entra el constitucionalismo, como garante de derechos fundamentales y respeto a la dignidad de todos. No de un grupo, o mayoría. 

El régimen constitucional republicano, resguarda cierta constante, pudiéramos decir, es conservador de algunas instituciones que para modificarse requieren tiempo, discusión política, negociaciones política, atender diversos intereses de manera que nadie salga afectado en una violación a su dignidad o derecho fundamental que es lo mismo. El derecho constitucional, parece tonto decirlo, es anti-revolucionario. Es un llamado a la cordura y un balde de agua al ardor re-fundacional. Deberíamos saberlo de sobra en Latinoamérica, donde cada gobierno revolucionario y no tanto, llama a asamblea constituyente como forma de hacer que la revolución cale en la estructura jurídica. Es decir, es un ethos que se pretende instaurar por la fuerza, no por la vía política: por eso siempre se requiere una revolución triunfal que derive en asamblea popular.

Cualquiera que pretenda hacer del derecho un instrumento al servicio de su revolución, debe ser visto con precaución. Hay una realidad ética constitucional. No calcularlo para el desarrollo de un programa de gobierno, es no tomarse en serio los derechos y su catálogo axiológico. Aspecto que por demás, imposibilita el desarrollo sostenido de cualquier país. Se debe comenzar por lo primero, respetar las instituciones en su totalidad, y visto así es bastante sintomático el mal funcionamientos del Banco Central,  donde el problema de fondo sería el uso de las diversas instituciones en favor de la ideología de turno. Así no se llega muy lejos. 










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